La principal coalición opositora, Juntos por el Cambio denunció este en el día de hoy, en medio de una nueva reunión de la Comisión de Juicio Político de Diputados, que el kirchnerismo "convirtió al Congreso en un órgano capaz de ejercer de hecho actividades de inteligencia ilegal".
En este sentido, los opositores hicieron énfasis en denunciar la legalidad de esta embestida del Gobierno contra el Poder Judicial al plantear que es una "flagrante violación al debido proceso" en el funcionamiento de la comisión y acusó al Frente de Todos de "habilitar la producción de prueba sin intervención judicial".
Esto fue en la previa de la presentación de los testigos convocados como parte del juicio político contra los miembros de la Corte, donde la oposición denunció “irregularidades” en el proceso e inmediatamente se retiró de la comisión, aunque más tarde volvieron algunos legisladores para “controlar” el posible “hostigamiento” a los citados.
"La Comisión ha ordenado la producción de prueba testimonial —citándose a una enorme cantidad de testigos, seleccionados arbitrariamente, por lo que muchos de ellos resultan ser inconducentes— e informativa de manera ambigua e imprecisa, incurriendo en lo que se denomina una auténtica 'excursión de pesca'”, puntualizaron desde la oposición en un documento de 44 páginas dirigido a Cecilia Moreau, quien actualmente preside la Cámara.
En el documento se expuso que "no ha existido un análisis detallado y pormenorizado respecto a la vinculación entre la prueba que se pretende producir y los hechos investigados". El jefe del bloque de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, fue quien expuso los fundamentos de la denuncia contra el oficialismo en el escenario de la comisión. En este sentido, el diputado que responde a Elisa Carrió alertó de "severas y peligrosas irregularidades".
"A nuestro juicio, se encuentra en riesgo el Estado de Derecho, el respeto a las garantías individuales de los ciudadanos y la responsabilidad internacional del Estado argentino como consecuencia de la violación de derechos y garantías consagrados en los instrumentos internacionales de derechos humanos, enunciados en el inciso 22 del artículo 75 de la Constitución Nacional”, dijó López.
En el documento difundido por la oposición se insistió que la Comisión, "lejos de realizar un juicio político, tal como habilita la Constitución Nacional, está llevando a cabo un 'proceso penal paralelo'”. "El rol que esta Comisión debe cumplir es claro: debe siempre custodiar el debido resguardo de todas las garantías constitucionales", remarcaron.
"Teniendo en cuenta las severas irregularidades detalladas, consideramos que el trámite, en estos términos, del juicio político a la totalidad de los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación es ilegitimo, arbitrario e ilegal y, por tanto, se encuentra viciado de nulidad en los extremos referidos", se indicó en otro párrafo.
En otro tramo del documento sentenciaron: "Así, no solo se está poniendo en riesgo la independencia del Poder Judicial —en este caso, mediante un arbitrario ataque a la Corte Suprema— sino, además, los derechos fundamentales de todos los ciudadanos de nuestro país".
El texto fue firmado, además de López, por Mario Negri, Álvaro González, Omar de Marchi, Miguel Bazze, Ana Carla Carrizo, Soledad Carrizo y Alejandro Finocchiaro. También lo hicieron Ximena García, Graciela Ocaña, Paula Oliveto, María Luján Rey, Dina Rezinovsky y Pablo Tonelli.
Uno de los momentos donde la tensión aumentó fue cuando el oficialismo puso en votación e impuso su mayoría para aprobar que se cite como testigo al fiscal Carlos Stornelli después de que el juez Alejo Ramos Padilla lo nombrara en distintos pasajes de su declaración. En contraparte, los diputados de Juntos por el Cambio se negaron a acompañar la citación.
La convocatoria de ambos magistrados (Alejo Ramos Padilla y Sebastián Ramos) está relacionada a la filtración de las supuestas conversaciones por chat a través de la red social Telegram atribuidas a Silvio Robles, colaborador del presidente de la Corte Suprema Horacio Rosatti, y Marcelo D'Alessandro, ministro de Seguridad y Justicia (en uso de licencia) de la Ciudad de Buenos Aires, en las que se referían a casos que estaban bajo estudio del máximo tribunal conocidos como "Consejo de la Magistratura" y "Coparticipación".
El juez Sebastián Ramos fue quien archivó desde los tribunales federales de Comodoro Py, y a instancias del fiscal Stornelli, una denuncia vinculada a esos chats, bajo el argumento de que los elementos probatorios incorporados a la denuncia podrían haber sido obtenidos "mediante maniobras organizadas basadas en actividades de inteligencia ilegal".
SUSCRIBITE a esta promo especial